LA SANIDAD PÚBLICA NO LES INTERESA

Domingo, 20 de enero de 2013 

Carlos García. Médico. Intersindical Canaria 

A nuestros políticos gobernantes la sanidad pública les importa un comino. No les interesa que funcione para, de ese modo, poder privatizarla y dejar la salud y tratamiento de las enfermedades en manos de especuladores, como el gran negocio actual al desaparecer el de tipo inmobiliario y del cemento. Hoy en día las ganancias económicas se centran en la sanidad. 

Porque no se puede entender que Canarias siga siendo la comunidad autónoma peor situada en el sistema sanitario y en materia de salud, año tras año, décadas enteras, sin que se reaccione en busca de soluciones que den satisfacción al derecho fundamental y universal como es al de la salud. Se sabe pero no se corrige. No es algo casual sino totalmente estructurado y diseñado. 

Los informes elaborados por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública sigue poniendo de manifiesto, año tras año, que Canarias es la peor valorada en todo el Estado con una gran disparidad en la situación de salud y del sistema, que pone en cabeza a Navarra y Aragón y a la cola a nuestro archipiélago con una diferencia de 53 puntos, lo que evidencia una desigualdad notable entre las autonomías tras la evaluación de distintos apartados como salud, financiación, utilización del sistema sanitario, recursos humanos y tecnológicos, rendimiento/calidad, factores de riesgo y opinión ciudadana. Nuestra comunidad autónoma tiene, en este estudio, la peor valoración en la satisfacción de los ciudadanos y ocupa el último lugar en la valoración global y el peor puesto en error global, aunque finalmente, es Madrid quien posee la puntuación mínima. 

Pero nada de esto se requiere para conocer el estado actual sanitario de Canarias. Todos los ciudadanos lo conocemos y no nos hacen falta estudios para saber de los recortes efectuados, de los cierres de quirófanos, de la ineficiencia y saturación de los servicios de urgencias, de las listas de espera quirúrgicas que no funcionan con normalidad, de las demoras de meses y años en las consultas de especialistas y en las pruebas diagnósticas, de la inoperatividad de la atención primaria, del deterioro en temas de salud mental, en drogodependencias, en la deficiente atención de enfermos crónicos y de la ausencia de camas hospitalarias o de residencias para sus ingresos, de falta de camas públicas en los hospitales. Además, y junto a lo anterior, se siguen recortando partidas presupuestarias destinadas a la sanidad pública, se siguen despidiendo a trabajadores y al resto se le aumentan las jornadas horarias, no se convocan plazas para nuevas contrataciones, no se cubren las bajas ni las ausencias de trabajadores, se recortan salarios, se suprimen pagas extraordinarias, se vulneran derechos laborales y se suspenden acuerdos y convenios pactados y negociados con años de antigüedad. Y, además, se jubilan forzosamente a los sanitarios asistenciales con 65 años de edad pero se mantienen a los profesores de la Facultad de Medicina hasta los 70 años, con las dos plazas y dos sueldos a la vez, sin pensar en que con tales jubilaciones el sistema aun quedará más en precario por falta de facultativos que traten a los pacientes; pero se mantienen los políticos hasta una edad de jubilación que no tiene fin, ellos no se jubilan ni dimiten nunca, con sus asesores y cargos de confianza y altos cargos que, ridículamente, han rebajado, cara a la galería, en un 10% de los casos cuando tenían que haber dejado solo a ese número funcionando. 

Y se mantiene el dispendio de televisiones y policías autonómicas mientras no se construyen los hospitales del norte y sur de la isla y están paralizados centros de salud y ambulatorios a lo largo y ancho de nuestra geografía que tan importantes son para dar satisfacción a los enfermos y resolver sus enfermedades. 

Mientras, los médicos seguimos sin intervenir en las decisiones sobre el sistema de salud. Ni a las Asociaciones Científicas, ni la Organización Médica Colegial, ni al conjunto de especialistas de la medicina se nos escucha en nuestra negación y oposición a la privatización pues nadie demuestra que se garantice y mejore la eficiencia y calidad de las prestaciones frente al estado actual público. No existen gestores profesionales que dirijan el sistema público sanitario; solo gestión de políticos arrimados a los intereses de empresarios sin escrúpulos que negocian con la salud de los individuos. Y cada día más se demuestra que las financiaciones a los partidos políticos están inmersas en un sistema corrupto donde el dinero corre y se mueve en un mundo de favores mutuos entre los empresarios, las donaciones y los políticos. Y a pesar de las denuncias efectuadas contra cargos directivos sanitarios por realizar actividades presuntamente ilegales, incompatibles con su labor sanitaria, docente y privada, en sus propias empresas, se mira hacia a otra parte. Y siguen existiendo presuntas anomalías en las contrataciones de suministros sanitarios que controlan quienes dirigen la sanidad pública en relación directa con empresas proveedoras en las que pueden darse situaciones de tráfico de influencias o motivaciones éticas y estéticas que muchos no entendemos. Pero, a pesar de las denuncias, incluso desde la Fiscalía, parece que no se quiera intervenir ni investigar. 

Con todo lo anterior vigente, sigue siendo nuestra comunidad una de las que más relaciones presenta con la privatización de la sanidad y que sigue concertando servicios y procesos sanitarios con las empresas privadas que tienen el objetivo primordial del lucro económico, de la ganancia y del negocio en materia de salud. Esta crisis que nos azota permite al gobierno estatal, y al canario como cómplice, permitir la transformación y condicionar el efecto de privatización que muchos están empeñados en instaurar en nuestra sanidad pública. Y es que, a todos ellos, les importa un pimiento nuestra sanidad.