AMBULANCIAS, EL ESCÁNDALO QUE NO CESA

LA SALA DE LO CONTENCIOSO ANULA EL LOTE DE LA PALMA QUE NOS VA A COSTAR UNA MILLONADA

CANARIAS AHORA

Nadie mueve un pajullo en el Gobierno de Canarias para explicar a todos los contribuyentes cuánto nos va a costar la sucesión interminable de varapalos judiciales a todos y cada uno de los lotes en que se dividió el concurso de ambulancias que adjudicó el pacto entre Coalición Canaria y el PP en 2009.

Un concurso plagado de sospechas de chanchullo en el que aparece el mismo equipo que estuvo implicado hasta el otro día en el caso Lifeblood, el caso de la hemodiálisis; un concurso que supone nada menos que 250 millones de euros que ha quedado anulado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo por irregularidades, mayormente en la Mesa de Contratación, donde se sentaban el director del Servicio Canario de Salud, Guillermo Martinón; su secretaria general, Lourdes Quesada, y el gerente de Gestión Sanitaria de Canarias, Luis Molina, actual subdelegado del Gobierno en Las Palmas y hombre fuerte de la vertiente policial del sorianismo rampante. 

Y cómo no, revoloteando por los alrededores, el asesor jurídico externo de todos ellos, al abogado Javier Artiles, principal encartado de Lifeblood. La anulación en cascada del concurso va a suponer, como si lo estuviéramos viendo, la pertinente reclamación de daños y perjuicios, de lucro cesante y flujo emergente por parte de los que perdieron a manos de los que ganaron, y por parte de los que ganaron que ahora habrían de entregar las concesiones a los que inicialmente perdieron y ahora ganan. La sentencia que hoy les acercamos, y de la que el Gobierno no ha dicho ni esta boca es mía, puede suponer un quebranto para lo público de 19 millones de euros, que es lo que el equipo que presidían al alimón José Miguel Ruano (CC) y Mercedes Roldós (PP) entregaron a una empresa a la que la Mesa de Contratación adjudicó sin un requisito fundamental, la consignación de un aval bancario.